Vecindario de inmigrantes se convirtió en un pueblo fantasma en cuestión de semanas

PORT ISABEL, Texas (AP) — Hasta hace poco, niños pequeños entraban y salían corriendo de sus viviendas de interés social en este pueblo de la costa del golfo de México, jugando en céspedes salpicados de sol mientras las madres miraban por encima del hombro para ver si el autobús escolar ya había dejado a sus hijos mayores. De pronto, sofás, cómodas y refrigeradores empezaron a aparecer en la acera (banqueta) para los mudanceros o los recolectores de basura.

En cuestión de semanas, el vecindario se convirtió en un pueblo fantasma y el parque infantil quedó vacío.

Lo que provocó el éxodo masivo fue un mensaje mal manejado de la autoridad de vivienda en Port Isabel, una comunidad del sur de Texas de 5,000 habitantes, muchos de ellos inmigrantes que trabajan en hoteles y restaurantes en las playas de la cercana South Padre Island. La Autoridad de Vivienda de Port Isabel indicó que estaba a punto de entrar en vigor una propuesta del gobierno del presidente Donald Trump, la cual pondría fin a la asistencia de vivienda para familias que tengan al menos un integrante que se encuentre en el país de manera ilegal. Los hechos posteriores ofrecieron un vistazo de lo que podría ocurrir en comunidades de todo Estados Unidos si la norma propuesta realmente se concreta.

“El impacto no se limitó a los inmigrantes indocumentados, sino que en realidad afectó a inmigrantes que están aquí legalmente, así como a personas dentro de sus familias que son ciudadanos”, manifestó Marie Claire Tran-Leung, abogada principal del National Housing Law Project, un organismo sin fines de lucro que pugna por el acceso a la vivienda para personas de bajos ingresos.

Durante décadas se ha permitido que familias con al menos un residente legal o elegible vivan en viviendas públicas, siempre y cuando quienes estén aquí ilegalmente o que de otro modo no sean elegibles por su estatus migratorio paguen una parte completa del alquiler, sin subsidio. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) quiere revertir eso.

Los activistas calculan que hasta 80,000 personas serían expulsadas de sus hogares en todo el país con base en la medida, que forma parte de la ofensiva migratoria de Trump. Entre ellas hay ciudadanos de Estados Unidos, muchos de ellos niños nacidos en este país, pero cuyos padres no lo eran.

Un mensaje de la Autoridad de Vivienda de Port Isabel

El 3 de febrero, la Autoridad de Vivienda de Port Isabel envió a los residentes una carta en la que decía que el gobierno de Trump quería que cada integrante del hogar demostrara su estatus legal en un plazo de 30 días, o de lo contrario sería desalojado. Tres semanas después, la agencia envió una nota de “aclaración”, en la cual indicó que no se requería tal prueba.

Ya era demasiado tarde.

La mitad de los residentes que vivían en viviendas públicas de Port Isabel se fue en el plazo de un mes tras recibir la primera carta. La tasa de ocupación se desplomó de 91% en enero a 43% en mayo, muy por debajo del promedio nacional de 94%.

La norma propuesta por el HUD aún no ha entrado en vigor.

La autoridad de vivienda no dio explicación por el malentendido inicial, y los funcionarios no respondieron a repetidas solicitudes de The Associated Press para que dieran sus comentarios.

Rumores y pánico

Los temores a un desalojo y los rumores de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría involucrarse provocaron pánico entre algunos residentes.

Una madre soltera de México, que cría a dos adolescentes que son ciudadanos de Estados Unidos, le dijo a la AP que en un principio se preguntaron qué iban a hacer, pero finalmente decidieron irse para evitar represalias. Ella, al igual que otros exresidentes, habló a condición de guardar el anonimato por temor a ser deportada.

Acudió a organizaciones de servicios legales que le dijeron a ella y a otros que podían quedarse en la vivienda pública. Pero ella y sus hijos decidieron que era demasiado arriesgado y dejaron su hogar de casi una década, encontrando un apartamento dentro del mismo distrito escolar, pero a un costo de unos 500 dólares más al mes.

La mudanza también añadió unos 10 minutos al trayecto hacia la isla, donde tanto la madre como su hija trabajan. La joven de 18 años llega a casa de la escuela a las 4:30 de la tarde y toma una cena rápida antes de que su mamá la lleve en auto a un trabajo que empieza a las 5 de la tarde. La hija es una de las mejores estudiantes de su clase y planea ir a la universidad en otoño con ayuda de ofertas de becas, pero le preocupa cómo hará su familia que el dinero le alcance hasta fin de mes. Su hermano fue despedido y su mamá se sometió a tratamiento contra el cáncer el año pasado, lo que le quitó energía y presionó sus finanzas.

Otras familias enfrentan retos aún mayores.

Una madre de tres dijo que mudó a su familia a una casa rodante de un dormitorio estacionada ilegalmente entre otras dos casas rodantes. Su hijo mayor duerme en la sala.

Otra familia de tres vendió camas y otros muebles para poder apretujarse en una pequeña casa rodante, sólo para enterarse de que el propietario no les permitiría usar la dirección postal, lo que afectó la escuela y el seguro médico de sus dos hijos.

La mujer explicó que, desde que recibieron la carta, todo cambió de un día para otro. Ya no era lo mismo.

Una vista preliminar de una propuesta del gobierno de Trump

El gobierno de Trump propuso en febrero que cualquier hogar que tuviera al menos un residente no elegible descalificaría a toda una familia, calculando que 24,000 beneficiarios no eran elegibles en 20,000 hogares.

“No tenemos tolerancia alguna para dejar de lado a ciudadanos de Estados Unidos que trabajan duro mientras permitimos que otros exploten lagunas jurídicas de hace décadas”, declaró en ese momento el secretario del HUD, Scott Turner.

El Center on Budget and Policy Priorities, que aboga por familias de bajos ingresos, calcula que 79,600 personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares, con un impacto desproporcionado en niños e hispanos.

La norma recibió más de 16,000 comentarios públicos, muchos de ellos críticos, incluidos los de líderes municipales de todo Estados Unidos.

Por ejemplo, el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York le dijo al HUD que se estima que 12% de los hogares de la ciudad tienen al menos un integrante que carece de estatus legal. Unos 240,000 niños viven en esos hogares.

“Esta norma propuesta conducirá inequívocamente a un aumento del desplazamiento, la falta de vivienda, la pobreza y a peores resultados educativos y de salud”, escribió el concejo.

Se prevé que el HUD publique una versión final de la norma después de tomar en cuenta los comentarios del público.

Es casi seguro que enfrentará impugnaciones jurídicas.