Ciudadanos y residentes legales de EEUU demandan por redada migratoria en hipódromo

BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Tres familias de Idaho formadas por ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales presentaron una demanda después de que ellos y cientos de personas más fueran detenidas durante horas en una agresiva redada de inmigración realizada en un hipódromo rural el año pasado.

Las familias afirman que las agencias de aplicación de la ley estatales y federales conspiraron para usar tácticas inconstitucionales e ilegales durante la redada, las cuales incluyeron detener a personas porque parecían ser latinas, mantener a adultos y a algunos menores atados con bridas de plástico durante horas sin acceso a comida, agua o baños, y registrar a individuos sin sospecha razonable de un delito.

Redadas de inmigración similares, marcadas por un uso intensivo de la fuerza, han afectado a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en otros estados. Un trabajador de la construcción de Alabama y ciudadano estadounidense que dice haber sido detenido dos veces por agentes de inmigración presentó el año pasado una demanda federal en su estado, exigiendo el fin de las redadas del gobierno de Trump en lugares de trabajo, dirigidas a industrias cuyos trabajadores son, en su mayoría, inmigrantes.

Otras demandas en las que se alega discriminación racial y detención inconstitucional han tenido resultados mixtos en los tribunales. El año pasado, un juez federal de California emitió una orden de restricción que prohibía que los agentes de inmigración detuvieran a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación, pero la Corte Suprema revirtió esa orden en septiembre con una decisión de 6 a 3. El juez Brent Kavanaugh escribió en una opinión concurrente que la revisión judicial de la forma en que los agentes de inmigración llevan a cabo breves detenciones para realizar interrogatorios entorpecería los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración. Sin embargo, también sugirió que las detenciones en las que los agentes usan la fuerza aún podrían enfrentar impugnaciones legales.

Las familias de Idaho forman parte de las cerca de 400 personas detenidas en la pista de carreras de propiedad privada conocida como La Catedral, ubicada a aproximadamente una hora en auto al oeste de Boise. La redada, efectuada en octubre, fue parte de una investigación encabezada por el FBI por acusaciones de juego ilegal, pero solo cinco personas en el evento fueron arrestadas en relación con la investigación. Más de 100 más fueron detenidas bajo sospecha de violaciones de inmigración.

El FBI tenía una orden de registro para la investigación de juego, pero la operación fue esencialmente una “expedición de pesca para detectar violaciones de inmigración”, escribieron los abogados de la Union Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Idaho en la demanda.

Las carreras son un evento popular y familiar para la comunidad latina local, donde hay vendedores de comida y juegos infantiles que se llevan a cabo junto con los eventos ecuestres, escribió la ACLU de Idaho en la demanda federal.

‘Las familias con niños pequeños y abuelos ancianos van para realizar una agradable actividad al aire libre, esperando los momentos entre carreras cuando se permite que los niños corran por la pista’”, escribió la ACLU. Pero el 19 de octubre, un enjambre de 200 agentes de la ley inundó la propiedad.

“Vestidos con equipo militarizado y cubriendo sus rostros, apuntaron con armas y gritaron órdenes a familias asustadas. Rompieron las ventanas de los autos estacionados en la propiedad, haciendo que el vidrio cayera sobre los que estaban dentro, incluidos niños que se habían refugiado en los autos debido a la lluvia”, escribió la ACLU. “Arrojaron al suelo a personas que cumplían las órdenes y dispararon balas de goma sobre las cabezas de los adolescentes”.

Agentes de distintas agencias participaron en la redada, entre ellas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el FBI, la Policía Estatal de Idaho, así como la policía local. Hasta el momento, las agencias no han respondido a una solicitud de comentarios.

Algunos de los agentes usaron epítetos raciales contra los latinos y un hombre fue golpeado en la cabeza con la culata de un rifle cuando le dijo a un agente que era ciudadano y que no hablaba español, según la demanda. Otros fueron atados con bridas de plástico tan apretadas que su piel sufrió cortes o sus manos se entumecieron.

Poco después de la redada, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que “El ICE desmanteló una operación ilegal de carreras de caballos, peleas de animales y juego”. Sin embargo, en los documentos judiciales no se mencionan peleas de animales y la pista tenía una licencia de carreras de caballos. McLaughlin agregó más tarde que el ICE no ató ni arrestó a menores.

Cinco familias entrevistadas por The Associated Press después de la redada dijeron que los agentes ataron con bridas de plástico a niños de tan solo 11 años, y varios menores fueron separados de sus familiares durante horas. Juana Rodríguez, una de las principales demandantes, dijo a la AP en octubre que sus manos estuvieron atadas con bridas de plástico durante casi cuatro horas, por lo que no pudo cargar ni cuidar a su hijo de tres años. Los agentes de la ley se negaron a dejarla sacar bocadillos para el niño de su vehículo a pesar de que el menor lloraba de hambre y sed, según la demanda.

A algunos detenidos se les negó el acceso al baño, obligándolos a orinar afuera a la vista de otros detenidos y de la policía, según la demanda.

Ninguna de las familias fue interrogada sobre el juego, y finalmente, todas fueron liberadas tras demostrar que eran ciudadanos o residentes permanentes legales. Quieren que un juez federal convierta la demanda en una acción colectiva en nombre de otros residentes legales que también fueron detenidos, y que declare que las agencias de aplicación de la ley violaron la ley federal y los derechos constitucionales de los detenidos. También quieren ser compensados por daños en una cantidad que se determinará en el juicio.

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