Investigación a principal operador de prisiones en Tennessee por denuncias de maltrato

NASHVILLE, Tennessee (Telemundo Nashville) -La principal empresa privada de prisiones en Estados Unidos, ha gastado más de 4.4 millones de dólares para resolver docenas de quejas que alegan maltrato, incluídas al menos 22 muertes de reclusos, en sus prisiones y cárceles de Tennessee desde 2016.

Más de 1.1 millones de dólares de esos pagos involucraron a la prisión más grande de Tennessee, el muy criticado Centro Correccional Trousdale Turner, que ahora está bajo investigación federal.

Detalles de casi 80 acuerdos proporcionados a The Associated Press a través de solicitudes de registros públicos alegan golpizas brutales, negligencia médica y crueldad en las cuatro prisiones y dos cárceles de CoreCivic en Tennessee.

En un caso, un recluso de Trousdale que temía por su vida golpeó a su compañero de celda, Terry Childress, hasta matarlo para poder ser transferido a otra prisión, según la demanda federal.

Ningún guardia acudió en ayuda de Childress en la instalación desatendida, afirma la demanda. La familia de Childress recibió un acuerdo de 135,000 dólares.

El abogado de la familia, Daniel Horwitz, fue ordenado por un juez a dejar de desprestigiar públicamente a CoreCivic y a eliminar los tuits en los que llamaba a este correccional como una “fábrica de muertes.” Está demandando por la orden de silencio, por lo que no puede emitir ningún comentario al respecto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció recientemente una investigación sobre Trousdale, señalando que los informes de violencia han sido algo que ha caracterizado esta prisión desde su apertura en 2016.

La investigación llega después de años de informes bien documentados sobre “agresiones físicas, agresiones sexuales, homicidios y un flujo descontrolado de contrabando y grave escasez de personal,” argumentó el fiscal federal Henry Leventis.

“Ciertamente parece que resolver demandas es un costo de hacer negocios, en lugar de ser una alarma, un llamado de atención, una sirena,” dijo Mary Price, asesora legal de Families Against Mandatory Minimums, que abogó por la investigación de Trousdale.

CoreCivic, con sede en Brentwood, Tennessee, tiene un valor de 1.44 mil millones de dólares según su capitalización de mercado.

Muchos recorrieron un largo camino para llegar a un pequeño acuerdo.

Los reclusos sobrevivientes o las familias en duelo a menudo han luchado durante años para alcanzar acuerdos. Algunos abogaron públicamente por sus casos, hablando con medios de comunicación y participando en manifestaciones.

Pero aceptar un acuerdo generalmente requería que se mantuvieran en silencio. Y, como es típico en acuerdos en diversas industrias, CoreCivic no admitió ninguna mala conducta.

El acuerdo más grande fue de 900,000 dólares por el suicidio de un recluso en la Correcional Centra del Sur, donde el personal falsificó registros. Otros tres acuerdos fueron de alrededor de 300,000 dólares cada uno.

Sin embargo, esos pagos fueron la excepción. La mitad de los acuerdos fue de 12,500 dólares o menos. Algunos no involucraron dinero en absoluto.

“En muchos de estos casos, lamentablemente, las víctimas y los familiares de las víctimas se encuentran en esta posición de elegir entre alguna cantidad de dinero, que probablemente sea más de lo que han visto en mucho tiempo, o hablar su verdad y compartir sus historias, realmente pudiendo hacer algo que ponga fin a esta situación,” dijo Ashley Dixon, una informante que trabajó menos de un año como oficial de correcciones en Trousdale.

Un portavoz de CoreCivic, Ryan Gustin, se negó a comentar sobre acuerdos específicos, diciendo que la mayoría tiene cláusulas de confidencialidad. Afirmó que la industria de correccionales ha tenido problemas de personal en general y señaló los incentivos de contratación y estrategias de CoreCivic para reemplazar a los trabajadores de otras instalaciones a nivel nacional. Dijo que las instalaciones de CoreCivic ofrecen “atención médica y de salud mental integral” y están bajo un monitoreo cercano por parte del estado.

Los acuerdos representan solo una fracción de las demandas que CoreCivic ha enfrentado por sus instalaciones en Tennessee. Los 22 acuerdos por muertes son también solo una fracción de las más de 300 muertes en las cuatro prisiones de CoreCivic desde 2016.

Más de la mitad de las cientos de muertes fueron consideradas naturales, incluido el caso de Jonathan Salada, quien yacía en el suelo de su celda en Trousdale, llorando de dolor tras serle negada la medicación para la diabetes, según una demanda de 2018.

Fue llevado a la enfermería, pero regresó a su celda dos veces antes de ser encontrado inconsciente tres días después y declarado muerto en el hospital. La demanda se resolvió por 50,000 dólares.

Las demandas resueltas afirman que incluso los puestos de personal críticos a veces no están ocupados en las prisiones de CoreCivic, dejando a los reclusos desprotegidos y sin poder obtener ayuda cuando son atacados.

Adrian Delk recibió un acuerdo de 120, 000 dólares después de que siete pandilleros casi lo mataron a golpes “entre 20 minutos y una hora” sin que nadie interviniera en Hardeman en 2016, según su demanda. Más tarde fue apuñalado y golpeado de nuevo, sufriendo varias lesiones permanentes.

Los trabajadores penitenciarios no son inmunes a la violencia. En Trousdale, en 2019, una consejera perdió un ojo y sufrió otras lesiones permanentes cuando un recluso la atacó con un cuchillo casero y la violó. Las autoridades habían retenido la medicación antipsicótica del recluso como castigo por el consumo de drogas ilegales.

En una auditoría estatal de 2023, un guardia señaló: “Mientras estoy en Trousdale, me siento inseguro en todo momento”.

Leventis, el fiscal federal, señaló que Tennessee ha sabido de problemas en sus instalaciones de CoreCivic. La agencia correccional del estado ha multado a CoreCivic con $37.7 millones en cuatro prisiones desde 2016, incluidos $11.1 millones por problemas en Trousdale. Las violaciones incluyen el incumplimiento de los requisitos de personal. El Estado publicó auditorías en 2017, 2020 y 2023.

Sin embargo, los líderes estatales han minimizado constantemente los problemas y renovado contratos con CoreCivic, una empresa que tiene un papel destacado en el gasto político.

Tennessee es el mayor cliente estatal de CoreCivic, representando el 10% de los ingresos totales en 2023, según un informe corporativo. El CEO Damon Hininger incluso ha considerado postularse para gobernador en 2026.

“CoreCivic ha sido un socio muy importante para el estado,” dijo el gobernador republicano Bill Lee a los reporteros tras el anuncio de la investigación sobre Trousdale.

Cuando Dixon, la exguardia de Trousdale, testificó ante los legisladores estatales en 2017 sobre las muertes de Salada y de otro prisionero, Jeff Mihm, el presidente del comité intentó interrumpirla al limitar su tiempo a dos minutos.

“Ella acaba de hablar sobre una muerte en una de nuestras instalaciones, ¿y vamos a cortarla?” respondió el representante demócrata Bo Mitchell, lo que provocó aplausos.

Mihm también había sido privado de medicación y tratamiento psiquiátrico en Trousdale y se suicidó en 2017, según una demanda que eventualmente se resolvió por 5,000 dólares.

“Creo que es muy triste que reciban una cantidad tan pequeña, porque las vidas de esas personas valían mucho más que eso,” dijo Dixon a AP tras enterarse de los acuerdos.

Falta de atención médica tuvo un papel importante. Muchos de los casos resueltos afirman que a los reclusos se les negó atención preventiva básica —medicación para la diabetes, un inhalador, un bastón, medicamentos para las convulsiones.

A menudo, los reclusos no podían ver a un proveedor o el proveedor desestimaba sus preocupaciones, afirman las demandas. Describen resultados horripilantes, incluidas muertes por cánceres no diagnosticados y neumonía, un suicidio, una amputación de pierna y una lesión cerebral.

En el Centro de Detención Metro-Davidson, Belinda Cockrill sufrió dolores abdominales extremos durante meses, sin poder retener alimentos y perdiendo más de 30 libras, pero fue tratada principalmente con medicamentos para la diarrea, según una demanda federal de 2016 presentada por su madre.

Cockrill de pronto cayó inconsciente y fue llevada de urgencia al hospital, donde entró en paro cardíaco y murió. Solo entonces se descubrió que tenía cáncer rectal que se había extendido a varios órganos.

La madre de Cockrill recibió un acuerdo de 45,000 dólares.

El hijo de Kathy Spurgeon, Adam, murió en noviembre cuando desarrolló una infección tras una cirugía cardíaca mientras era recluso en Trousdale. Spurgeon dijo que la engañaron sobre la condición de su hijo y se le negó la medicación, a pesar de sus solicitudes.

Spurgeon no demandó a CoreCivic porque temía represalias contra su otro hijo, Millard, quien fue trasladado a Trousdale después de la muerte de Adam. Dijo que miembros de pandillas de la prisión la llamaron, amenazando con hacerle daño a Millard si no pagaba miles de dólares en dinero de protección, lo cual ella hizo.

“No podía arriesgarme a que mataran a mi hijo,” dijo Spurgeon.

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